El gobernador neoleonés es señalado de haber operado un esquema financiero que habría canalizado recursos públicos hacia un despacho vinculado a su familia.
Ciudad de México.— La Fiscalía General de la República (FGR) mantiene abierta una investigación contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, a quien se le atribuye la presunta estructuración de un mecanismo financiero para desviar recursos públicos y presuntamente lavar más de mil millones de pesos.
De acuerdo con las indagatorias, el mandatario emanado de Movimiento Ciudadano habría empleado el despacho familiar Firma Jurídica y Fiscal Abogados como pieza clave del esquema, con el fin de concentrar fondos provenientes de distintas dependencias del gobierno estatal y, posteriormente, redirigirlos en beneficio de su círculo más cercano. Dicha firma se encuentra actualmente bajo revisión de la autoridad federal.
El papel del despacho familiar
Entre los principales accionistas de la firma legal figuran el padre del gobernador, Samuel Orlando García Mascorro, y su medio hermano, Samuel Orlando García Villarreal, lo que coloca la investigación directamente sobre el entorno familiar del mandatario.
Según los señalamientos, el despacho habría recibido transferencias procedentes de diversas áreas de la administración estatal, consolidando ahí los recursos antes de dispersarlos hacia otras razones sociales.
Las fuentes y empresas señaladas
La investigación apunta a que el flujo de dinero se nutría de al menos cuatro fuentes de la administración pública estatal, con la presunta participación de empresas y organismos como Suministro MYR, Proveedor de Productos Mexicanos JACE, Txat Latam y Ferro & Méndez, además de entidades como el Instituto de Movilidad y Accesibilidad y obras de infraestructura como el Acueducto El Cuchillo.
Una vez que los recursos llegaban a las cuentas del despacho, presuntamente eran canalizados de forma principal hacia la empresa Saga Tierras y Bienes Inmuebles, a la que se habrían transferido en total más de mil millones de pesos. Desde ahí, de acuerdo con la indagatoria, los fondos eran enviados a diferentes jurisdicciones —incluida Estados Unidos— con el propósito de dificultar su rastreo y ocultar su origen, cerrando así el presunto ciclo de lavado.
Investigación en curso
Hasta el momento, las autoridades federales continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. Cabe precisar que la existencia de una investigación no equivale a una sentencia ni a una responsabilidad penal acreditada en contra del gobernador, sus familiares o las empresas mencionadas; corresponderá a la autoridad determinar si existen elementos suficientes para judicializar el caso.
