INDAGA FGR TAMBIÉN A MARIANA Y SU FAMILIA POR “LAVADO”
Monterrey, Nuevo León, 18 de mayo de 2026.
La relación entre el gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, se encuentra en el centro de una controversia pública por presuntas triangulaciones financieras que involucran a proveedores gubernamentales, un despacho jurídico relacionado con familiares del mandatario y otras sociedades privadas.
Las acusaciones apuntan a transferencias por más de 1,400 millones de pesos, proveedores estatales y un despacho jurídico relacionado con familiares del gobernador. La trazabilidad de los recursos, los vínculos societarios y el destino final del dinero son los principales puntos por esclarecer.
El caso ha sido objeto de reportajes periodísticos y denuncias presentadas por Morena ante la Fiscalía General de la República (FGR) y, posteriormente, ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Nuevo León. Los denunciantes sostienen que una serie de transferencias entre empresas podría haber canalizado recursos públicos hacia entidades vinculadas con el entorno familiar del gobernador.
UNA PRESUNTA RUTA FINANCIERA BAJO INVESTIGACIÓNEl 29 de abril de 2026, El Financiero publicó una investigación periodística que describió un supuesto esquema de transferencias entre proveedores del Gobierno de Nuevo León, empresas privadas y el despacho Firma Jurídica y Fiscal Abogados, relacionado con familiares de Samuel García.Según ese reportaje, la ruta financiera incluiría pagos a proveedores estatales, transferencias posteriores a otras sociedades y movimientos hacia empresas vinculadas con el entorno del mandatario. La publicación también describió operaciones relacionadas con Saga Tierras y Bienes Inmuebles y transferencias que presuntamente llegaron a cuentas fuera de México.En mayo de 2026, dirigentes de Morena presentaron una denuncia ante la FGR contra Samuel García y Mariana Rodríguez por presunto peculado y posibles irregularidades en el destino de recursos públicos. De acuerdo con los denunciantes, el monto de las operaciones que solicitan investigar supera los 1,400 millones de pesos.La cifra corresponde a los señalamientos difundidos por los promoventes y debe distinguirse de cualquier monto que la autoridad haya acreditado como daño patrimonial o producto de un delito.
